Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) compartió este miércoles nuevos documentos que comprueban que el buque Challenge Procyon, asegurado en el puerto de Tampico, transportaba más “huachicol” del reportado por el gobierno federal. La operación de tráfico de combustible, descubierta hace más de un año, se originó desde Texas y ha puesto en evidencia una significativa discrepancia en los volúmenes de diésel ilegal.
Según la investigación de MCCI, la empresa estadounidense Hevi Transport LLC registró el embarque como “aditivos para aceites lubricantes”. Sin embargo, especialistas de aduanas concluyeron que la mercancía era diésel automotriz de ultra bajo azufre. La factura de Hevi Transport reporta la venta a Intanza de cinco millones 460 mil galones de diésel, equivalentes a 20 millones 944 mil litros.
En contraste, las secretarías de Marina, Defensa, Seguridad Pública federal y la Fiscalía General de la República anunciaron en marzo de 2025 el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible ilegal en Tampico. Los documentos mercantiles y aduaneros revisados por MCCI acreditan que el cargamento original duplicaba ese volumen.
La guía marítima del Challenge Procyon menciona un embarque neto de 17 millones 459 mil 290 kilogramos de producto enviado desde Houston, Texas, hacia Tampico. La documentación comercial, por su parte, señala un volumen de cinco millones 460 mil galones, que corresponden a poco más de 20.6 millones de litros.
La factura HT081, expedida el 16 de marzo de 2025 por Hevi Transport LLC, confirma un cobro por cinco millones 460 mil galones de “aditivos para aceites lubricantes” por un monto de dos millones 662 mil dólares, lo que equivale a unos 53 millones de pesos.
Expedientes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) demuestran que la mercancía correspondía a “aceite diésel (gasóleo), con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm”. La ANAM reclasificó la mercancía a la fracción 2710.19.99 NICO 03, correspondiente a diésel automotriz.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha determinado que por cada litro introducido de contrabando, Intanza omitió el pago de alrededor de 11 pesos de impuestos, incluyendo IEPS, IVA y derecho de trámite aduanero. Esto significa una evasión estimada de unos 220 millones de pesos por los 20 millones de litros introducidos ilegalmente en marzo de 2025.
Una carta de encomienda dirigida al agente aduanal Benito Abad Pérez Escalante también señala que la mercancía enviada era de cinco millones 460 mil galones, más de 20 millones de litros. La documentación bancaria y comercial coincide con estos volúmenes.
MCCI mostró expedientes judiciales que evidenciaban que la mitad del volumen decomisado por las autoridades federales había desaparecido. Pese a las pruebas del cargamento real del buque, las autoridades federales no han explicado qué ocurrió con lo desaparecido. Oficialmente, el gobierno solo ha reconocido públicamente el decomiso de 10 millones de litros, algo que sostuvo Omar García Harfuch durante una conferencia matutina el 9 de septiembre de 2025.
