La justicia brasileña ha dictaminado una medida de arresto domiciliario contra el expresidente Jair Bolsonaro, intensificando el proceso judicial que enfrenta por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado. Esta decisión subraya la firmeza del poder judicial frente a figuras políticas de alto perfil.
El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro, expresidente del país, en respuesta al reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas y ante el riesgo de una fuga. El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, anunció esta determinación en el marco del juicio por golpismo que se sigue contra el exmandatario.
Las restricciones impuestas a Bolsonaro incluyen la prohibición de recibir visitas, con la excepción de sus abogados y personas autorizadas por el tribunal, así como la prohibición del uso de teléfonos móviles, ya sea de forma directa o a través de terceros. Bolsonaro es señalado como parte del núcleo central de una presunta trama golpista que buscaba mantenerlo en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.
Las acusaciones contra el expresidente y otras siete personas abarcan delitos como asociación criminal, intento de abolir violentamente el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio público, relacionados con las protestas del 8 de enero de 2023, en las que se intentó la toma de instituciones. La Fiscalía ha solicitado la culpabilidad de Bolsonaro, lo que podría acarrearle penas de prisión de hasta 40 años y su inhabilitación política indefinida.
Este proceso se desarrolla en un contexto de presiones internacionales, donde la Administración de Trump ha intervenido públicamente en defensa de Bolsonaro, calificando el proceso como una “caza de brujas”. Esta injerencia se ha materializado en sanciones arancelarias y la revocación de visados a ocho jueces del Supremo brasileño, incluyendo al propio Alexandre de Moraes, a quien se le acusa de liderar una “campaña opresiva de censura” y procesos judiciales politizados.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro estadounidense aplicó la ley Magnitsky contra De Moraes, lo que podría implicar el congelamiento de bienes y propiedades en EE.UU. Pese a estas presiones externas, el juez De Moraes ha reafirmado el compromiso del poder judicial brasileño de juzgar a todos los responsables del intento de golpe de Estado, manifestando que actuarán “sin acobardarnos ante amenazas, vengan de aquí o de cualquier otro lugar”.
