Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, enfrenta serias acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se le señala de haber recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, entre 2023 y 2024.
Según la acusación formal difundida hace unas semanas por la autoridad estadounidense, estos pagos se habrían realizado a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas de la organización criminal en la entidad. “Alrededor de 2023 y 2024, Gerardo Mérida Sánchez, el acusado, como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de $100,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos. A cambio, Sánchez no interfirió con las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, incluyendo el no arrestar a sus miembros”, se lee en el documento del Departamento de Justicia.
Mérida Sánchez es señalado de brindar protección a la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Entre las acciones que se le imputan, destaca haber dado aviso anticipado de al menos 10 redadas en laboratorios de drogas durante 2023. Este aviso, según la acusación, permitió a Los Chapitos evacuar personal y estupefacientes antes de que las fuerzas del orden pudieran incautar materiales o realizar arrestos.
Adicionalmente, la acusación detalla que Gerardo Mérida y otros funcionarios habrían instruido a las fuerzas del orden estatales para permitir a Los Chapitos vender drogas en la calle y portar armas de fuego. También se les habría facilitado el arresto de sus rivales y el paso seguro por México de enormes cargamentos de drogas, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Los delitos imputados a Mérida Sánchez incluyen “conspiración de importación de estupefacientes”, “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. De ser hallado culpable, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión, hasta cadena perpetua.
Esta información forma parte de una acusación formal más amplia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
