Frente al resurgimiento del denominado ‘reto de las 48 horas’ entre adolescentes, diversas autoridades de procuración de justicia en el país han intensificado las alertas y recomendaciones para las familias. Esta práctica, que implica la desaparición voluntaria de menores sin rastro, no solo pone en riesgo la integridad de los participantes, sino que también genera una movilización innecesaria de recursos públicos destinados a su localización, lo que demanda una respuesta coordinada en materia de seguridad y prevención.
Aunque se popularizó en 2023, la dinámica de este reto insta a los jóvenes a desaparecer por dos días sin contacto ni dejar rastro, con el fin de demostrar ‘independencia o valentía’ y documentarlo en plataformas digitales.
Desde hace dos años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ha mantenido una postura preventiva, instando a padres, tutores y centros escolares a estar informados sobre este fenómeno. Particularmente preocupante es el ‘sistema de puntos’ del reto, donde se ‘gana’ si se emiten fichas de búsqueda o se publican mensajes de preocupación en redes sociales por parte de familiares.
La advertencia institucional subraya las serias consecuencias para los menores y sus entornos familiares. Además del riesgo inherente a su integridad personal, la búsqueda de estos adolescentes distrae valiosos recursos humanos y materiales de las autoridades. Ante esta situación, las corporaciones recomiendan fortalecer la comunicación intrafamiliar, supervisar la actividad digital de los menores y concientizarlos sobre los peligros a los que se exponen al participar.
Un factor adicional de riesgo es el temor que experimentan los menores al querer regresar a casa, ante la posible reacción de sus progenitores. La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (UIDI) ha detectado, mediante ciberpatrullaje, la proliferación de casos vinculados a este juego peligroso en diversas entidades del país. Reflejando la persistencia del desafío, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de la Policía de Investigación (PDI), emitió el 31 de julio una alerta específica sobre el ‘reto de las 48 horas’, evidenciando su prevalencia y la necesidad de una atención continua por parte de las instituciones.
