La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la fecha de la elección judicial, proponiendo su aplazamiento del 2027 al 4 de junio de 2028. Esta propuesta busca que las elecciones judiciales, tanto federales como locales, puedan ser concurrentes con los procesos electorales ordinarios a partir de 2028, realizando ambas votaciones en la misma ubicación y garantizando que los partidos políticos no intervengan en la elección del Poder Judicial.

Según explicó la mandataria, la decisión de mover la fecha surge de una evaluación encargada a Luisa María, quien sugirió la importancia de este cambio “dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27”. Sheinbaum detalló que el 2027 será un año de “elección muy grande”, donde los ciudadanos elegirán gobernadores en 17 estados, la totalidad de la Cámara de Diputados federal, así como diputados locales y presidentes municipales en la mayoría de las entidades.

La presidenta recordó que experiencias pasadas, como las elecciones concurrentes en Veracruz y Durango, donde los votantes debían acudir a casillas distintas para diferentes cargos, generaron “mayor complejidad”. Con la iniciativa, se busca evitar esta situación, permitiendo que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, con el Instituto Nacional Electoral (INE) garantizando la no participación de los partidos políticos en la elección del Poder Judicial.

La propuesta también incluye ajustes en el proceso de selección de aspirantes. Los comités evaluarán conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública de los candidatos, seleccionando a las cuatro personas mejor evaluadas por comité. Posteriormente, se realizará una insaculación pública para determinar dos candidatas o candidatos por cargo y especialidad, siempre observando la paridad de género. Como ejemplo, Sheinbaum mencionó que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las propuestas se reducirían de tres a dos, facilitando a la ciudadanía el conocimiento de los perfiles.

Adicionalmente, la iniciativa adelanta tres meses el plazo para que el Senado emita la convocatoria general, pasando de septiembre a abril. Esto, según la presidenta, otorgará a los comités un mayor tiempo para evaluar a los aspirantes. Finalmente, se establece que la elección judicial de 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato, en caso de que esta sea solicitada.

La Consejería Jurídica de la Presidencia estima que la reforma podría ser aprobada por el Congreso de la Unión a principios de junio, durante un Periodo Extraordinario. La reforma constitucional requerirá también la votación de los Congresos locales.