Este jueves, Frida Denisse Gómez, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció públicamente la falsificación de su firma en una demanda que, presuntamente a su nombre, fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la información difundida, dicho documento señalaría al director ejecutivo de Administración del INE, Jesús Octavio García González, por irregularidades detectadas en una auditoría reciente al instituto, cuyo monto supera los 60 millones de pesos.

En una rueda de prensa, la consejera Gómez Puga, quien fue recién nombrada en su cargo, fue categórica al afirmar: “En días recientes ha sido difundido un documento que pretende atribuirme la presentación de una supuesta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sobre ello deseo señalar de manera clara, categórica e inequívoca que dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona, ni por mi oficina.”

Subrayó que la rúbrica que aparece en el documento es “apócrifa y no corresponde a mi puño y letra, ni a mi voluntad jurídica”. La consejera enfatizó que “la falsificación de documentos y de firmas pudieran considerarse actos constitutivos de delito”.

Frida Gómez Puga acusó que “este tipo de prácticas claramente buscan causar un detrimento a mi Consejería como servidora pública en lo individual y generar una afectación grave a la confianza pública, al debate democrático y a la integridad del Instituto Nacional Electoral, vulnerando principios esenciales de legalidad, autenticidad y confianza institucional”.

Ante esta situación, la consejera anunció que presentará una denuncia formal por la falsificación de su firma. Asimismo, expresó su confianza en que las autoridades competentes “realizarán la investigación necesaria para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes conforme a Derecho”.

Finalmente, la consejera emitió un llamado “respetuoso pero firme a actuar con responsabilidad en el manejo y difusión de información no verificada en contextos donde la desinformación pueda afectar personas, instituciones, la confianza pública, resultando indispensable privilegiar la verdad, la legalidad y la responsabilidad democrática”. Tras sus declaraciones, pidió comprensión y respeto al debido proceso, absteniéndose de responder preguntas de los medios de comunicación.