Rafael Acosta León, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, declaró que el proceso de licitación del proyecto Villahermosa 2030 habría sido amañado para favorecer a la empresa Mota‑Engil. En sus declaraciones, Acosta León indicó que las cláusulas del procedimiento estaban diseñadas para impedir la participación de otras compañías, señalando una exigencia de solvencia económica de 300 millones de pesos como un obstáculo para la competencia.

“Para empezar fue un proceso de licitación amañado definitivamente. Fue a modo para favorecer a una empresa amiga del régimen de Morena y que están llegando hasta el extremo de rebasar el perfil o el trabajo de esta empresa, porque es muy lamentable que esta misma empresa ahora va a ser proveedora de autobuses, de camiones, de vehículos que están contemplados dentro del Proyecto 2030. Pusieron las cláusulas muy elevadas, con una base de 300 millones de pesos de solvencia económica para que precisamente ninguna empresa en Tabasco pudiese competir. Porque el gobierno tiene todas las informaciones de las empresas en Tabasco, porque han competido en alguna otra ocasión y tiene toda la documentación de todas las empresas. En este caso, de las empresas que van a concursar o que concursaron ya, o que no pudieron concursar en este Proyecto 2030. Entonces, fue, desde luego, una licitación irregular, fuera de toda normatividad” aseguró el líder partidista.

El proyecto Villahermosa 2030 incluye la remodelación del Paseo Tabasco, cuya primera etapa fue adjudicada a Mota‑Engil. Acosta León señaló que la empresa, según su percepción, cuenta con la condición de “empresa amiga del régimen de Morena” y que el proceso favoreció su participación en obras de infraestructura y transporte previstas en el proyecto.

El gobierno del Estado de Tabasco, que posee información sobre las empresas que operan en la entidad, es mencionado en el contexto de la licitación, aunque no se ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones. La cláusula de solvencia económica de 300 millones de pesos forma parte del pliego de la licitación, según los documentos del proceso.

Estas declaraciones forman parte de un debate en torno a la transparencia de los procedimientos de contratación pública en Tabasco y al papel de los partidos políticos en la fiscalización de los mismos.