El 29 de abril el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios del estado. Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y general retirado, quien se entregó a autoridades estadounidenses y compareció ante un tribunal de Nueva York. Los cargos contra Rocha Moya incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
En una entrevista concedida al presentador Jan Jekielek en el programa “American Thought Leaders”, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de EE. UU., declaró que el Gobierno de EE. UU. tiene como objetivo a los funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. Carter advirtió que el presidente Donald Trump pondrá “en la mira” a quienes se nieguen a cooperar en el combate contra el crimen organizado. En sus palabras, “Hacer lo que estamos haciendo ahora mismo en México, ir tras aquellos, incluso en el gobierno, que se han vendido a los cárteles, que les han facilitado operar.”
Carter también afirmó que “todos los funcionarios del gobierno que forman parte del clan de Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa y a Los Chapitos, a Los Mayitos y a toda la operación de Joaquín Guzmán, toda la operación de ‘El Chapo’” son objetivo. La oficial resaltó la cooperación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que, gracias a la coordinación, se logró la detención de importantes capos como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Según Carter, la operación contra “El Mencho” se realizó con información de EE. UU. y con la participación de la Guardia Nacional Mexicana, Fuerzas Especiales Mexicanas y la Operación del General Trevilla.
Estas declaraciones llegan en el contexto de una acusación que apunta a funcionarios estatales de Sinaloa, mientras la administración estadounidense subraya su estrategia de presión y colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
