El martes, un conjunto de extrabajadores del Ayuntamiento de Centla realizó una manifestación dentro del Congreso del Estado de Tabasco. Los participantes solicitaron que los diputados exhorten al presidente del Tribunal Burocrático, Benito Méndez Hernández, y al alcalde de Centla, Saúl Armando Rodríguez, para que cumplan con el pago de los laudos laborales pendientes.

Según el abogado Luis Antonio Rodríguez Leite, la causa se remonta a una sentencia emitida en 2016 que ordenó el pago a más de 30 ex trabajadores, por un monto total cercano a 10 millones de pesos. Rodríguez Leite explicó: “De los trabajadores del ayuntamiento, que en el año 2016 sufrieron un despido injustificado y, tras una lucha encarnizada contra un tribunal y un ayuntamiento que se han estado favoreciendo mutuamente, obtuvimos laudos condenatorios. Pero hoy en día, a fecha de hoy, y a pesar de que el actual presidente municipal tiene conocimiento de la obligación legal con los trabajadores aquí presentes, se ha negado en rotundo no solo a reinstalarlo sino a pagar sus prestaciones laborales.”

El abogado añadió que el retraso se produce en contubernio con el presidente del Tribunal Burocrático, quien, según él, “ha estado haciendo hasta lo incansable para retrasar el acatamiento de esos laudos”. Por ello, los manifestantes pidieron al Congreso del Estado que intervenga y exija al alcalde y al magistrado que cumplan la sentencia.

Los extrabajadores también señalaron que, de mantenerse el incumplimiento, podrían realizar nuevas manifestaciones o acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Palacio Nacional para exigir el pago. “En caso de que se mantenga el incumplimiento, podrían realizar nuevas manifestaciones o acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Palacio Nacional para exigir que les paguen cuanto antes”, afirmó Rodríguez Leite.

Hasta el momento, no se ha reportado respuesta oficial por parte del Congreso del Estado, del Tribunal Burocrático ni del ayuntamiento de Centla. La demanda de los extrabajadores se centra en la exigencia de que se cumpla la sentencia de 2016 y se liquide el monto adeudado.

La protesta se desarrolló en el recinto del Congreso, sin reportarse incidentes de seguridad. Los participantes mantuvieron su presencia durante varias horas, reiterando la petición de intervención legislativa.

El caso pone de relieve la existencia de una sentencia judicial que, según los manifestantes, permanece sin ejecutar. La comunidad jurídica y los organismos de derechos laborales siguen atentos a los próximos pasos que tomen tanto los diputados como las autoridades municipales y judiciales.