El Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, declaró en una entrevista concedida a Noticias en Flash que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha prejuzgado ni vulnerado los derechos del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena. ”No. Así como se le dijo ni a él ni a nadie que se encuentre en alguna etapa procesal, nosotros siempre vamos a considerar y a respetar su presunción de inocencia”, afirmó Vázquez Landeros.
Bermúdez, quien se encuentra bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, presentó una carta en la que acusa a la autoridad estatal de ejercer persecución política y, además, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el gobernador Javier May Rodríguez. ”Nosotros estamos conscientes del respeto que tenemos de presunción de inocencia de la persona que usted me refiere. Eso ha sido y seguirá siendo ese principio respetado”, reiteró el fiscal.
Respecto a las investigaciones en curso, Vázquez Landeros explicó que existen tres carpetas contra Bermúdez: asociación delictuosa, extorsión y secuestro. “Actualmente son tres carpetas de investigación: asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Estamos en el auto de apertura a juicio, se encuentra suspendido por juicio de amparo”, precisó. En la carpeta de peculado, la Fiscalía solicitó un plazo adicional de dos meses para la investigación. Sobre la causa de desaparición forzada de personas, indicó que la investigación concluirá el 4 de octubre de 2026.
El fiscal también señaló que la Fiscalía atenderá cualquier denuncia conforme a derecho y que continuará trabajando respetando la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas. “Vamos a seguir trabajando nosotros conforme a derecho. Vamos a continuar como siempre lo hemos hecho, respetando su presunción de inocencia, atendiendo a las víctimas, que es lo más importante para nosotros”, concluyó.
Las declaraciones del titular de la FGE se enmarcan en el contexto de la queja presentada ante la CNDH, cuyo objetivo es que se analicen los pronunciamientos del gobernador Javier May Rodríguez y se determine si hubo violación a derechos humanos.
