Un juez de control dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y cinco personas más, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputara por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. La acusación se relaciona con el caso de huachicol fiscal y con la supuesta participación de Ruffo como accionista mayoritario de la empresa Ingemar.
La audiencia se inició al mediodía del viernes y, tras varios recesos, concluyó en la madrugada del domingo. Durante el proceso, la FGR presentó cerca de 100 datos de prueba. La defensa solicitó ampliar el término constitucional de 72 a 144 horas para determinar la situación legal del acusado.
El juez ordenó que Ernesto Ruffo Appel, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” sean enviados al Penal Federal del Altiplano. Adriana “N” será remitida al Reclusorio de Nezahualcóyotl Sur, mientras que José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus domicilios por motivos de salud.
La Fiscalía General de la República afirmó que el huachicol fiscal generó una afectación económica directa para el país y declaró que este delito sería una fuente de ingresos para organizaciones criminales. Según la propia FGR, la investigación busca esclarecer la posible vinculación de los acusados con el robo y venta ilícita de combustible.
Ernesto Ruffo Appel es reconocido como el primer gobernador de oposición del país. La medida judicial adquiere relevancia porque involucra a una figura política de alto nivel y está vinculada a un delito que, según la Fiscalía, afecta la economía nacional y alimenta al crimen organizado.
