La reciente decisión de la jueza Mariana Vieyra Valdés, al ordenar la liberación de Israel Vallarta Cisneros, subraya las implicaciones profundas de la administración de justicia en México. La resolución se fundamenta en la aplicación de los mismos criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) utilizó para la liberación de Florence Cassez, estableciendo un precedente sobre la validez de los procesos judiciales.
En una sentencia de 465 páginas, la impartidora de justicia invocó la figura jurídica de “cosa juzgada refleja”, vinculando directamente su fallo a la determinación previa de la SCJN en el amparo directo en revisión 157/2011. Este dictamen oficial destaca la existencia de una “escenificación ajena a la realidad” en la detención de Vallarta y Cassez, lo que se tradujo en un “efecto corruptor del proceso” y, consecuentemente, en la invalidación del material probatorio recabado. La jueza determinó que dicha irregularidad permeó tanto en las etapas de juicio como en las sentencias de primera y segunda instancia contra la coacusada.
El documento judicial también enfatiza que la transmisión televisiva del supuesto operativo de captura de ambas personas generó una “falta de fiabilidad en el material probatorio por la arbitrariedad de la autoridad”. Esta situación, según la sentencia, produjo un “efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como a sus resultados”.
Respecto a las declaraciones de las víctimas de secuestro, la jueza Vieyra Valdés desestimó 13 testimonios de las seis víctimas que señalaron haber sido privadas de su libertad. La decisión se basó en la imposibilidad de distinguir la parte neutral de la inducida involuntariamente en sus relatos, además de observar que sus testimonios “fueron cambiando en cada declaración para inculpar a más personas y de manera más grave”. La sentencia puntualizó que, si bien las víctimas pueden recuperar recuerdos, en este caso, estos pudieron ser influenciados por el montaje televisado e incluso por las propias autoridades ministeriales.
La jueza concluyó que “con estas pruebas no es posible establecer la culpabilidad del acusado”, dada la falta de validez de las actuaciones de los elementos de la Policía Federal y los agentes del Ministerio Público, cuyas pruebas fueron obtenidas bajo tortura y presentaron vicios en las declaraciones de los testigos que sustentaron el caso contra Israel Vallarta.
