La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ratificó una denuncia por presuntos delitos electorales presentada ante la Fiscalía de Asuntos Electorales del estado contra José del Carmen Olán Olán, alcalde de Jalpa de Méndez, y Juan Diego Hernández Arias, director de Finanzas de Macuspana. La denuncia señala que ambos funcionarios habrían condicionado obras públicas al apoyo en una encuesta de Morena para la candidatura a la alcaldía y que el alcalde habría promovido a la exsubsecretaria de Salud del estado, Fabiola Peralta, como candidata, lo que la legislación electoral considera proselitismo ilegal.

Rafael Acosta León, dirigente estatal del PRD Tabasco, explicó que la Fiscalía los citó para “ver diferentes temas” y recordó que, según su partido, “Morena, a través de los diferentes gobiernos —federal, estatal o municipal— roban, mienten, traicionan”. Acosta León describió las supuestas conductas de Hernández Arias como “proselitismo” al ofrecer la construcción de una carretera a cambio de que la comunidad lo apoyara en la encuesta, y añadió que Hernández Arias “invitaba a la gente a que lo apoyaran, que si pasaba la encuesta por su casa le dijeran que él era el mejor”.

Respecto a Olán Olán, Acosta León indicó que “en horario de labores con todos sus funcionarios públicos, estaba promoviendo a una posible aspirante… a la subsecretaria de Salud, Fabiola Peralta, a quien le dijo de manera reiterada a sus funcionarios públicos que él la iba a apoyar… y le pedía que la apoyaran, que la ayudaran y eso es ilegal”.

La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía de Asuntos Electorales, se basa en los hechos descritos por Acosta León y en la supuesta vinculación de obras públicas con la promoción de candidatos en una encuesta de Morena. La autoridad electoral del estado revisará la documentación y los testimonios presentados para determinar la existencia de conductas que contravengan la Ley General del Sistema Nacional de Medios de Comunicación y la normativa electoral vigente.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Asuntos Electorales ni la FGE han emitido una resolución definitiva sobre la procedencia de los cargos. Las partes involucradas no han emitido declaraciones públicas adicionales.