Senadores de EE. UU. proponen ley para combatir huachicol de cárteles mexicanos

La iniciativa bipartidista, presentada por Jacky Rosen y John Cornyn, busca que el gobierno estadounidense priorice el combate al tráfico de hidrocarburos, actividad atribuida a cárteles como el CJNG y Sinaloa, que Pemex reporta con un robo de 987 mil millones de litros en 2024.
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Washington D.C., EE. UU.- La senadora demócrata Jacky Rosen, en colaboración con el senador republicano John Cornyn, presentó un proyecto de ley en Estados Unidos para frenar el robo y tráfico de hidrocarburos, conocido como huachicol, por parte de cárteles mexicanos.

La iniciativa, denominada “Ley para detener el fomento de la violencia de los cárteles”, propone que el gobierno de EE. UU. considere el tráfico de hidrocarburos una prioridad en su estrategia de lucha contra el narcotráfico. El proyecto de ley señala que esta actividad representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Organizaciones criminales transnacionales con sede en México, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, son acusadas de robar y contrabandear hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pemex ha reportado el robo de 987 mil millones de litros de combustible en 2024. Al respecto, la senadora Rosen afirmó en su cuenta de X que los cárteles obtienen ganancias del combustible y petróleo crudo robados, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera.

El proyecto de ley establece que el robo y el tráfico transfronterizo ilícito de petróleo crudo, diésel, gasolina y productos derivados del petróleo refinado por parte de estas organizaciones, constituyen una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos.

Entre las medidas propuestas, los legisladores solicitaron que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presente un informe sobre su estrategia para combatir a las organizaciones criminales implicadas en este delito. Este informe deberá entregarse en un plazo de 180 días tras la aprobación y promulgación de la ley.

Las acciones contempladas incluyen fortalecer las capacidades de seguridad con países aliados como México y el intercambio de información con agencias del gobierno de EE. UU. La iniciativa no contempla ataques como bombardeos o armados para frenar esta actividad delictiva.

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