La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para fortalecer las facultades de revisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y blindar las candidaturas de posibles vínculos con el crimen organizado. Esta propuesta busca ser incluida en una reforma electoral que se discutiría en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión.

La iniciativa, según Sheinbaum, se relaciona con el “Plan A” que no fue aprobado previamente y tiene como objetivo evitar que candidatos de cualquier partido político tengan nexos con la delincuencia organizada. La mandataria recordó casos de vínculo entre presidencias municipales y la delincuencia en Teuchitlán, Morelos, Tequila, Jalisco, y algunas alcaldías del Estado de México, mencionando la operación ‘Enjambre’ para la detención de funcionarios vinculados.

“Esta propuesta en realidad venía en el Plan A para fortalecer la democracia y de fortalecer la elección del 2027 en el país. Ahí hablábamos de democracia participativa y muchos temas que al no aprobarse el Plan A ya no pudieron presentarse posteriormente, pero hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, declaró Sheinbaum.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que se propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual dependería del INE. Esta comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General por un periodo de tres años.

Alcalde detalló que la Comisión sería un vínculo entre los partidos políticos y autoridades de seguridad, como el CNI, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Su función sería consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.

“Con base en esa información, los partidos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, puntualizó Alcalde. La iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales será enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su proceso legislativo, buscando que se tome en cuenta para el periodo electoral de 2027.