La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una propuesta para fortalecer las facultades de revisión del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de blindar las candidaturas de posibles vínculos con el crimen organizado. La iniciativa, que ya estaba incluida en el “Plan A” que no fue aprobado previamente, busca ser integrada en una reforma electoral durante un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión.

Según indicó Claudia Sheinbaum, esta medida es de “relevancia” y tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que presente un riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. La propuesta se relaciona directamente con la elección del 2027, y la decisión de enviarla de inmediato se tomó para que pueda ser considerada a tiempo para dicho proceso electoral.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica, explicó los detalles de la iniciativa, que contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Esta comisión dependería del INE y estaría integrada por cinco consejeros electorales, quienes serían elegidos por el Consejo General por un periodo de tres años.

La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas fungiría como un vínculo entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad. Su función principal sería recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con instituciones como el CNI, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La información obtenida de estas consultas serviría para establecer un “posible riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, la responsabilidad final de determinar si registran o no una candidatura, con base en la información proporcionada por la comisión, recaería en los partidos políticos, explicó Alcalde.

Claudia Sheinbaum recordó casos donde se han identificado vínculos entre presidencias municipales y la delincuencia, mencionando ejemplos en Teuchitlán, Morelos; Tequila, Jalisco; y algunas alcaldías del Estado de México. También hizo referencia a la operación “Enjambre”, la cual se realizó para la detención de funcionarios vinculados con actividades criminales.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales será enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Una vez recibida, será turnada y dictaminada en las comisiones correspondientes, para posteriormente ser discutida en el Pleno.