La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha enviado una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la fecha de la elección judicial, proponiendo su aplazamiento del 2027 al 4 de junio de 2028. Esta medida, que aplicaría tanto a la elección judicial federal como a las locales, busca, según la mandataria, facilitar el proceso electoral ante la “cantidad de puestos que se van a elegir en el 27”.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la decisión de mover la elección se basa en una evaluación logística. “Este 2027 todas las mexicanas y mexicanos vamos a elegir, dependiendo de la entidad de la República, gobernador —hay algunos que no, pero son 17 estados que van a cambiar gobernador o gobernadora—. Va a haber la elección de todo el Poder Legislativo en términos de Cámara de Diputados; senadores es concurrente con presidente o presidenta. Entonces, todos los diputados federales. En la mayoría de los estados, diputados locales y presidentes municipales”, explicó Alcalde.

Sheinbaum Pardo señaló que realizar la elección judicial en 2027 implicaría “casillas distintas”, lo que generaría que “la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla, y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial”. Alcalde Luján recordó experiencias previas en Durango y Veracruz, donde la concurrencia de elecciones en ubicaciones distintas “generaba mayor complejidad para quienes votaban”. Por ello, la propuesta busca “concentrarnos en la elección de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, estatales y federales, y que vayamos al 28 a la elección”, afirmó la consejera.

En la elección judicial propuesta para 2028, se elegirán diversos cargos clave. A nivel federal, se contempla la elección de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. En el ámbito estatal, la iniciativa prevé la elección de 424 magistrados y dos mil 831 jueces en 25 entidades federativas.

La iniciativa también plantea cambios en el proceso de selección de perfiles. Se propone la creación de una Comisión Coordinadora, integrada por tres coordinadores elegidos por los comités de evaluación existentes en cada Poder. Esta comisión tendrá la tarea de “verificar cumplimiento de requisitos formales”, como la licenciatura en derecho, el promedio académico y los años de experiencia, además de establecer “criterios y metodologías unificadas de evaluación”, según Alcalde Luján.

Los Comités de Evaluación continuarán evaluando “conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública de sus aspirantes”. Posteriormente, seleccionarán a cuatro personas mejor evaluadas por comité. Tras una insaculación pública, resultarán dos candidatas o candidatos por cargo y especialidad, “observando siempre la paridad de género”, detalló la consejera. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina, la propuesta reduce de tres a dos el número de propuestas finales, buscando “que no tengamos un número tan elevado de candidatas y candidatos, y sea más fácil para la ciudadanía poder conocerlos a todos”, explicó Alcalde.

Para optimizar la logística, la iniciativa propone que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, con la garantía del Instituto Nacional Electoral (INE) de que “no participan los partidos políticos” en la elección del Poder Judicial. Asimismo, se adelanta tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general, pasando de septiembre a abril, con el fin de que los comités dispongan de “un plazo mayor para poder evaluar con más tiempo”. Finalmente, la elección de 2028 podría ser concurrente con la revocación de mandato, en caso de que esta fuera solicitada.

La Consejería Jurídica de la Presidencia estima que esta reforma sea aprobada por el Congreso de la Unión a principios de junio, en un Periodo Extraordinario.