La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no encubrirá a ninguna persona ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve mexicanos. Sheinbaum subrayó que en México “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y que para proceder legalmente se requieren pruebas, no solo señalamientos. La Fiscalía General de la República (FGR) ya ha iniciado su propia investigación sobre el caso.

Desde Palacio Nacional, la mandataria criticó que, desde la oposición y a través de columnistas, se ha señalado falsamente que el gobierno mexicano esconde a funcionarios vinculados con la delincuencia. En este contexto, Sheinbaum enfatizó que “para poder detener a una persona, tiene que haber una orden de aprehensión de un juez” y que “para poder hacer una carpeta de investigación, se requieren pruebas”.

El gobierno mexicano ha solicitado formalmente pruebas a Estados Unidos respecto a las acusaciones. La presidenta recordó que la estrategia de seguridad de su administración se basa en dos pilares: la atención a las causas y la cero impunidad, actuando siempre “con pruebas”.

Para ilustrar su postura, Sheinbaum mencionó casos previos donde alcaldes coludidos con narcotraficantes han sido detenidos y juzgados tras investigaciones. Citó el caso del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, y su hermano, involucrado en huachicol, quienes fueron detenidos. También recordó un caso en Morelos donde, tras denuncias ciudadanas, se abrió una carpeta de investigación que llevó muchos meses y resultó en actuaciones de la fiscalía.

En relación con las diez personas requeridas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con motivos de extradición, Sheinbaum confirmó que dos de ellas se entregaron voluntariamente. Estos individuos fueron identificados como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas de Sinaloa, respectivamente.

La presidenta explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió pruebas a Estados Unidos, asesorada por la FGR. Mientras tanto, la FGR abrió por su cuenta una investigación. Sheinbaum señaló que la entrega de los exfuncionarios fue una “decisión personal” de ellos, quienes “entraron en contacto con el gobierno de Estados Unidos y se entregaron”.