El Secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, aclaró que la cancelación de la licencia notarial a Adán Augusto López Hernández solo sería factible si existiera una solicitud formal del gobierno estatal. Subrayó que, a pesar de los cuestionamientos sobre el caso Hernán Bermúdez Requena, no se ha recibido ninguna petición oficial para retirar la FIAT al exgobernador de Tabasco. El funcionario enfatizó que la investigación corre a cargo de la Fiscalía y que el gobierno no actúa de oficio en estos asuntos. La decisión dependerá de una propuesta concreta, posiblemente de una asociación de notarios.
La posibilidad de revocar la licencia notarial del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, está condicionada a la existencia de una solicitud formal por parte del gobierno del Estado, según precisó el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador. Esta declaración surge en un contexto de preguntas sobre si las investigaciones en curso contra el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, podrían impactar la situación profesional de López Hernández.
López Obrador detalló que, aunque el gobierno es la instancia facultada para otorgar las FIATs notariales, la acción para su posible cancelación requiere de un procedimiento establecido. Explicó que, hasta el momento, los señalamientos sobre la licencia de Adán Augusto López son meramente periodísticos, ya que no se ha formalizado ninguna solicitud oficial ante la Secretaría de Gobierno.
El funcionario fue enfático al señalar que el caso relacionado con Bermúdez Requena está bajo investigación de la Fiscalía. Aclaró que la administración estatal no persigue estos asuntos de oficio y que es responsabilidad de la instancia investigadora, la Fiscalía, conducir las pesquisas correspondientes.
“Tenemos que tener una propuesta para analizarla en el estado”, afirmó López Obrador, quien sugirió que dicha propuesta debería provenir de una entidad con legitimidad, como la Asociación de Notarios a la que pertenece López Hernández. Esto subraya la necesidad de un fundamento formal y no solo de especulaciones mediáticas para proceder con un análisis.
Finalmente, el secretario reiteró la postura institucional compartida por la Presidencia y la Gubernatura: “es la Fiscalía” la que debe encargarse de las investigaciones. Esta delimitación de funciones busca clarificar los cauces legales y administrativos para abordar este tipo de situaciones.
