Huimanguillo, Tabasco – La planta Tecnotabla de Proteak, dedicada a la producción de tableros de fibra de densidad media (MDF), se declaró en quiebra y fue cerrada por orden judicial federal, según informó el secretario general de la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco (FTOT), Edgar Azcuaga Cabrera. “Ya cerró la planta, efectivamente. Por una orden judicial federal”, indicó Azcuaga.

El cierre afecta a aproximadamente 90 trabajadores. La FTOT aseguró que los empleados recibirán tres meses de salario como indemnización y la parte proporcional de la prima de antigüedad. “Como 90 trabajadores. Pero sin embargo se les va a indemnizar sus tres meses de salario y su parte proporcional de la prima de antigüedad”, señaló el secretario general.

Azcuaga también precisó que los salarios y prestaciones de los trabajadores que estaban en suspensión fueron pagados durante el periodo fuera de labores: “Efectivamente. Que a los trabajadores, por ejemplo, de la tienda Del Sol que estaban con la tienda suspendida sus labores, se les estuvo pagando su salario todo el tiempo que estuvieron afuera, ahí lo escucharon. No solamente el salario, las prestaciones y sobre todo su seguridad social, su seguro social de todos los trabajadores.”

La planta, inaugurada el 23 de septiembre de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, contó con una inversión inicial de 200 millones de dólares. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores en 2016, la empresa describió una capacidad productiva de 6 millones de tableros MDF al año, con un 70 % destinado al consumo nacional y un 30 % a los Estados Unidos, y proyectó la generación de más de 1,500 empleos directos.

Según Azcuaga, la situación de retrasos en pagos es exclusiva de la planta de Huimanguillo: “Ninguna empresa ha atravesado, digamos, una situación de retrasos? De retraso de pago, no. Salvo la que tenemos en Huimanguillo, que es la planta Proteak, que ustedes saben que se dio por quiebra, pero todo lo demás estamos trabajando normalmente.”

Con la clausura, la instalación queda fuera de operación y el futuro de la inversión privada en el sureste de México queda pendiente de nuevas decisiones judiciales y empresariales.