Raúl Hernández Vargas, padre de familia en Tabasco, lleva cuatro años inmerso en un litigio por la guardia y custodia de su hijo menor. Según sus declaraciones, el proceso se ha visto marcado por presuntas omisiones de las autoridades y lo que describe como manipulación por parte de su expareja.

La situación, de acuerdo con Hernández Vargas, se complicó en 2022, a pocas semanas del nacimiento de su segundo hijo, cuando su expareja le habría pedido que dejara de ver a su primogénito. Ante esto, Hernández Vargas presentó demandas por violencia familiar, convivencia y omisión de cuidados, esta última al señalar que el menor fue dejado al cuidado de una menor de edad.

El padre afirma que las carpetas de investigación por omisión de cuidados fueron cerradas por “abstinencia de investigación” y que, en una audiencia, las fotos y videos que había presentado como pruebas no obraban en el expediente. Esta situación lo llevó a presentar una queja en el Órgano Interno de Control de la fiscalía.

Hernández Vargas relata que, tras salir de casa, comenzó a dar una pensión voluntaria a su expareja. Sin embargo, ella lo demandó argumentando que se había “empeñado” durante el embarazo y el parto, lo que resultó en una sentencia provisional que, según él, representaba el 100% de sus deducciones.

Después de un año de litigio y tras presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura en Tabasco, se autorizaron convivencias supervisadas de una hora a la semana. No obstante, Hernández Vargas acusa a su expareja de poner trabas y manipular estas convivencias, reportando 50 llegadas tardías y 16 ausencias por parte de la madre. Además, señala que su hijo se ha visto alterado y no ha querido quedarse durante las convivencias, y que se ha demostrado “manipulación de reportes” en el centro de convivencia para favorecer a la madre.

Entre las inconsistencias que menciona, Hernández Vargas detalla que en una ocasión su hijo llegó golpeado. También refiere una receta médica por “síndrome febril” que justificó una ausencia, pero que indicaba 36 grados de temperatura y mencionaba “lesiones” a vigilar, lo que considera incongruente. El padre ha presentado estudios psicológicos que, según él, diagnostican a la madre como “manipuladora” y con “tendencia a alienación parental”.

Hernández Vargas solicitó al juez la aplicación de la Ley Vicaria en su caso, pero le fue respondido que “no aplica para hombres”, una distinción que él cuestiona. El padre compara su situación con los casos de Ángel en Argentina y Vicente en Mexicali, expresando “impotencia, coraje y dolor” y el temor de que su hijo pueda sufrir consecuencias similares por la presunta omisión de las autoridades. Afirma que seguirá luchando por la guardia y custodia de su hijo, enfatizando el interés superior del menor.