Pensiones alimenticias y violencia familiar lideran sentencias del TSJ en Tabasco 2024

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Efraín Reséndez Bocanegra, informó que estos asuntos concentran el mayor número de resoluciones judiciales y solicitó a gobierno y ciudadanía trabajar conjuntamente en jornadas de territorio para reforzar el tejido social.
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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco, Efraín Reséndez Bocanegra, informó que en el año en curso las pensiones alimenticias y la violencia familiar son los asuntos con mayor número de sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado. Según la propia declaración del presidente del TSJ, “en materia civil, desgraciadamente el tema de pensiones alimenticias ahí es donde han venido más sentencias, y en materia penal violencia familia, son muy altos los índices de violencia familiar aquí en el Estado”.

Reséndez Bocanegra destacó la necesidad de que la población y el gobierno trabajen de la mano para “recuperar el tejido social que a Tabasco le hace falta”. Añadió que las jornadas de territorio, que consisten en la presencia de autoridades en los municipios, son una herramienta para atender las causas que generan los problemas señalados. “Tenemos que trabajar gobierno y ciudadanía para recuperar el tejido social. Todo lo que se viene haciendo en jornadas de territorio, el estar presente con la población… De eso precisamente se trata, que estemos cerca de la población para que, de manera conjunta, podamos ir reconstruyendo el tejido social. Hay que atender las causas, hay que atender las causas en territorio”, puntualizó.

El TSJ forma parte del Poder Judicial del Estado de Tabasco, organismo encargado de la administración de justicia en la entidad. Los datos presentados por la autoridad judicial indican que, durante 2024, los procesos relacionados con pensiones alimenticias y violencia familiar representan la mayor carga de trabajo en los juzgados del estado.

Esta información se difunde en el marco de los esfuerzos de las autoridades locales por identificar los temas que demandan mayor atención judicial y por promover la colaboración entre gobierno y ciudadanía en la solución de los conflictos familiares.

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