Inhabilitan a cuatro exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar por faltas administrativas graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de hasta 10 años y sanciones económicas para exservidores públicos del SAT y Banco del Bienestar, tras detectar irregularidades como asignación indebida de citas y retiros no consentidos de cuentas.
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha informado la inhabilitación de cuatro exservidores públicos, provenientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien), debido a la comisión de faltas administrativas graves. Estas sanciones incluyen restricciones para ocupar cargos públicos por hasta una década y la imposición de multas económicas.

Según lo comunicado por la dependencia, las investigaciones fueron realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC), cuyas pesquisas permitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinar las restricciones. Estas prohíben a los exfuncionarios desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de hasta 10 años, además de las sanciones económicas correspondientes.

En el caso del SAT, la investigación se centró en una servidora pública. Las irregularidades detectadas involucraron la asignación indebida de citas para trámites, utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.

Respecto al Banco del Bienestar, se acreditaron irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas. En dos de estos casos, las faltas estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin el consentimiento explícito de los cuentahabientes, sumando un monto superior a los 275 mil pesos. Adicionalmente, en un tercer caso dentro de Banbien, la irregularidad consistió en la realización de conciliaciones con información que no era verídica.

Las sanciones económicas impuestas a los exservidores públicos inhabilitados varían, oscilando entre los 25 mil y los 250 mil pesos, de acuerdo con la gravedad de las faltas administrativas cometidas en cada situación.

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