La Cámara de Diputados aprobó, alrededor de las 23:30 horas, el dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La votación general fue de 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención; en la votación particular, los números fueron 334‑109‑1. La abstención la registró el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Luis Villatoro. Los votos en contra provinieron de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento Ciudadano (MC).
El dictamen fue presentado por el diputado Leonel Godoy (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Godoy explicó: “Les pedimos a nuestros connacionales que no estén preocupados por esta reforma, porque no es una transgresión a los derechos reconocidos por nuestro máximo compendio legal…”. En el mismo debate, el diputado del PAN, Germán Martínez, manifestó: “La única soberanía defendible es la soberanía democrática… Muchos de Morena tienen la bandera de los cárteles criminales…”. Por su parte, Lilia Aguilar (PT) afirmó: “No se discrimina a quienes tienen dos nacionalidades; solo deben renunciar a la nacionalidad extranjera, pues deben tener lealtad solamente con esta nación”. Alejandro Domínguez (PRI) aseguró que la reforma constitucional “busca inhabilitar a opositores, evitar perfiles incómodos” y estigmatiza a millones de mexicanos migrantes con pasaportes extranjeros.
Durante el debate, legisladores del MC desplegaron una manta con la leyenda “Morena tiene todo el poder y México no está avanzando”. Un legislador no identificado portó una gorra con la frase “Make México Safe Again” y comentó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, según declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, ante la ONU.
El proyecto, cuya propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue remitido al Senado de la República para su análisis y discusión. La reforma elimina la posibilidad de la doble nacionalidad para los cargos señalados y exige que el titular del Poder Ejecutivo federal o local no pueda adquirir ni ejercer otra nacionalidad distinta a la mexicana.
