Los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC) manifestaron su respaldo al presidente municipal de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, en una rueda de prensa en la que, según los organizadores, no se permitieron preguntas para preservar el debido proceso. En la misma sesión, los alcaldes de Emiliano Zapata, Armin Marín Saury, y de Tacotalpa, Ricki Antonio Arcos Pérez, también expresaron su apoyo al mandatario municipal.
Pedro Palomeque, coordinador de la bancada de MC, declaró que “no existen pruebas contundentes que acrediten la responsabilidad del alcalde y sus colaboradores en los delitos que se les imputan”. Añadió que, en su opinión, las actuaciones de las autoridades investigadoras del 18 de agosto presentan “tintes políticos” y que, por tanto, debe respetarse el principio de presunción de inocencia. Palomeque reiteró que la fracción parlamentaria de MC, los presidentes municipales de MC en Tabasco, la dirigente estatal y los liderazgos del movimiento continúan apoyando a Alfonso Baca Sevilla y a las personas involucradas en el caso.
Luis Alberto Campos, dirigente municipal de MC en Paraíso, anunció una manifestación pacífica para el domingo 23 de agosto a las 16:00 horas, dirigida a “todo el pueblo de Tabasco que se quiera unir”. La convocatoria busca reunir a quienes se sientan agredidos por lo que describen como arbitrariedades en el proceso investigativo.
Karla Rabelo, dirigente estatal de MC, no asistió a la conferencia de prensa porque tenía otros compromisos en su agenda, según el registro de la reunión.
Los hechos se enmarcan dentro del llamado “Operativo Enjambre”, término utilizado por los representantes de MC para describir la acción de las autoridades investigadoras, la cual califican como motivada políticamente. No se presentaron pruebas adicionales durante la rueda de prensa.
Esta serie de declaraciones y la convocatoria a la manifestación forman parte de la respuesta institucional de MC ante la detención de funcionarios municipales, sin que, hasta la fecha, se haya emitido una sentencia judicial que determine responsabilidad penal.
