El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley realizó un análisis sobre la posible responsabilidad internacional del gobierno mexicano. El estudio, dirigido por Lindsay Freeman, directora de Responsabilidad Internacional del centro, afirma que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, cuenta con pruebas suficientes para abrir una investigación contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por crímenes de lesa humanidad.

Según el informe, entre 2018 y 2024 el gobierno mexicano implementó una estrategia de hostigamiento que se refleja en 2,827 fragmentos identificados en 1,437 conferencias mañaneras, donde el presidente utilizó expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”. El estudio también registra que durante el sexenio de López Obrador fueron asesinados 78 comunicadores y 259 defensores de derechos humanos, sumando 337 víctimas.

El documento identifica cinco mecanismos de ataque estatal: estigmatización diaria, uso de bots para acosar, vigilancia ilegal con spyware militar (Pegasus, Geomatrix), uso del aparato judicial contra críticos (lawfare) e impunidad entre 93 % y 99 %. La estigmatización verbal se habría traducido en agresiones físicas directas, citando como ejemplo el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva un día después de ser agredido en la conferencia mañanera.

La responsabilidad del Estado se basa en evidencia técnica obtenida de las filtraciones de Guacamaya Leaks y de los hallazgos de Ejército Espía (R3D y Citizen Lab), que documentaron un Centro de Inteligencia Militar secreto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional que operó programas de espionaje. El informe señala que las agresiones cibernéticas y físicas articuladas por el Estado mexicano contra los catalogados como “opositores” al proyecto político de López Obrador configuran la mayor prueba previa para que la CPI investigue la represión digital como un crimen internacional.

La CPI reconoce actos como vigilancia intrusiva sin orden judicial, campañas digitales de acoso y estigmatización desde el poder público como posibles crímenes de lesa humanidad de persecución. Sin embargo, el estudio aclara que sus conclusiones son declaraciones de los autores y no una determinación oficial de la Corte.