El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, criticó la reciente venta de reservas territoriales del Estado, señalando una presunta falta de transparencia y una operación que, según sus palabras, responde a una lógica de “negocio privado”. Sus declaraciones apuntan directamente a la administración actual, encabezada por Javier May.
Andrade Díaz cuestionó la justificación del gobierno, que argumenta que los terrenos están abandonados y no generan recursos. En contraste, el exmandatario afirmó que las reservas territoriales fueron creadas como un activo estratégico, diseñado para asegurar futuras necesidades de infraestructura, vivienda y servicios públicos, evitando depender de las condiciones del mercado inmobiliario privado.
El exgobernador puso en tela de juicio la posible corrupción en diversos aspectos del proceso de enajenación de estos bienes públicos. “La pregunta que incomoda es lo que vemos. En todo proceso de enajenación de bienes públicos la corrupción opera en la definición del precio, en la selección del comprador, en la ausencia de licitación competitiva, en los avalúos que se encargan a peritos convenientes y en los plazos que se acortan, pues para que la sociedad no pueda reaccionar”, declaró.
Andrade Díaz exigió claridad sobre el procedimiento, preguntando: “¿hubo licitación pública?, ¿se realizaron avalúos independientes con metodología transparente?, ¿se publicaron en el Diario Oficial del Estado las bases, las condiciones y los resultados?”.
En su crítica, el exgobernador afirmó que el gobierno de Javier May carece de una visión de Estado y administra Tabasco como una “caja chica”. Calificó la acción de vender estas reservas para financiar proyectos sexenales como “consumir capital generacional para producir dividendos políticos o económicos de corto plazo”. Esto, dijo, tiene un nombre en la gestión pública: “miopía institucional”. Y, cuando se acompaña de opacidad y ausencia de rendición de cuentas, “ese nombre se vuelve más preciso y más severo, se llama corrupción”.
Finalmente, Andrade Díaz declaró que durante su propio gobierno, el patrimonio del Estado se mantuvo intacto, afirmando entender la diferencia entre administrar lo público y disponer de lo público.
