Morena Tabasco presentó el 17 de junio un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC) contra Rafael Acosta León, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, por difundir una lista que, según el partido, es falsa y no corresponde a ninguna convocatoria, acuerdo, resolución o registro oficial de candidaturas de Morena.

El vocero de Morena en el estado, Roberto Romero del Valle, sostuvo que “la supuesta lista difundida por el PRD Tabasco es totalmente falsa. No existe convocatoria de Morena. No existe acuerdo partidista. No existe dictamen. No existe registro. No existe resolución de órgano competente. No existe lista oficial de candidatas ni candidatos de MORENA en Tabasco”. Añadió que lo difundido por el PRD no fue una filtración, sino “una construcción política sin sustento institucional, sin respaldo documental y sin validez jurídica”.

Romero del Valle también acusó al dirigente del PRD de actuar de mala fe, señalando que la estrategia habría sido “generar confusión, inconformidad y confrontación al interior de Morena”. En ese sentido, el vocero indicó que “un partido político puede organizarse, opinar, criticar y hacer vida pública; lo que no puede hacer es operar una cadena de entrega, venta a bajo costo, subsidio o intermediación de bienes materiales, lo cual no es su fin, sin explicar de dónde sale el dinero, quién lo paga, quién factura, quién dona, quién entrega, quién recibe y dónde está registrado en el Sistema Integral de Fiscalización”.

Dos días después, el 19 de junio, Morena presentó una segunda queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), en la que se solicita investigar la presunta “abarrotera electoral” atribuida al PRD Tabasco. La denuncia busca esclarecer el origen y uso de recursos vinculados a esa práctica, según los términos de la queja presentada por el partido.

Hasta el momento, el IEPC, el INE y la FEDE no han emitido pronunciamientos públicos sobre los procedimientos iniciados. La situación mantiene la atención de los actores políticos del estado, quienes han señalado la necesidad de que el PRD explique si su accionar corresponde a una actividad partidista o a una supuesta “abarrotera electoral”.