El 29 de abril, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras. Según el documento judicial, el caso convierte a Rocha Moya en el primer gobernador en funciones de México en enfrentar cargos ante la justicia estadounidense.

Rubén Rocha Moya había regresado al cargo después de tres meses de licencia, según informes. Las autoridades estadounidenses lo habían señalado previamente, junto con nueve funcionarios y exfuncionarios, por supuestos vínculos con la facción “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Un vocero del Departamento de Estado de EE. UU. declaró que “El Cártel de Sinaloa trafica drogas letales a Estados Unidos y es una organización terrorista designada que no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”. La identidad del vocero no fue revelada. La declaración del Departamento de Estado fue la única respuesta oficial del gobierno estadounidense incluida en el reporte de Reuters, firmado por Diego Ore y Kylie Madry.

El Departamento de Estado es la autoridad estadounidense que emitió la declaración y Reuters es la agencia que difundió la información. El caso se desarrolla en el contexto de la relación entre el narcotráfico, la corrupción y la justicia internacional.